Los ciudadanos rumanos que quieran trasladarse a España para trabajar por cuenta ajena requerirán un contrato de trabajo, según acordó el 21 de septiembre de 2011 el Consejo de Ministros. El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, explicó que el objetivo es “vincular el flujo de entrada” de rumanos “a las necesidades” del mercado laboral y “evitar que estas personas caigan en la economía sumergida y sean víctimas de abusos y explotación laboral”.

La medida “no concierne a los que ya residen en España”, recalco José Blanco, y añadió que “tan solo establece limitaciones a las nuevas entradas”. Los rumanos que ya trabajan en España no necesitarán, por tanto, ningún nuevo permiso. Ahora, viven en España 864.278 rumanos de los que 302.501 cotizan a la Seguridad Social y unos 50.000 cobran el paro, según datos de mayo. Desde el ingreso de su país en la UE, la población rumana se ha cuadruplicado en España.

La medida, que el Gobierno quiere que entre en vigor el 1 de agosto, será revisada dentro de un año. Reino Unidos, Alemania, Francia e Italia aún exigen a los rumanos permiso de trabajo.

La reintroducción de la moratoria debe ser aprobada por la UE, según aseguró el portavoz de la Comisión Europea David Boublil. “España en principio no puede reintroducir nuevos acuerdos transitorios para los trabajadores rumanos”, dijo, pero añadió que existen salvaguardas para casos excepcionales.

Caso sin precedentes

El ministro de Trabajo, Familia y Protección Social de Rumanía, Sebastian Lazaroiu, declaró esta semana a la prensa local que las autoridades españolas “han actuado con mucha corrección y han informado de sus intenciones”. Señaló que “es un caso sin precedentes” que la Comisión Europea debe resolver.

El aumento del paro —con un 21,29% de la población activa es el más alto de la UE— ha llevado al Gobierno a rectificar una decisión adoptada en 2008. Entonces, el Ejecutivo levantó la moratoria a los trabajadores rumanos (y a los búlgaros, cuya situación no ha cambiado).

Rumanía entró en la UE el 1 de enero de 2007, pero su tratado de adhesión incluyó una moratoria de siete años, hasta el 1 de enero de 2014, para que sus nacionales pudieran disfrutar del derecho a la libre circulación de trabajadores.

citado: El país